La comunicación del Ministerio de Hacienda respecto a un incumplimiento de la Regla del Gasto, no pone en peligro ni la estabilidad presupuestaria ni la sostenibilidad financiera y hay liquidez suficiente para afrontar los pagos obligados, ya recogidos en el Presupuesto.
El pleno municipal del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, aprobó este martes en sesión extraordinaria, una Declaración de Crédito no Disponible, en base a una comunicación del Ministerio de Hacienda, sobre la existencia de un incumplimiento de la Regla del Gasto.
El Ayuntamiento ha subrayado que esta comunicación no representa ningún riesgo de intervención por parte del Ministerio a las arcas municipales, ya que la situación económica actual del Consistorio es estable, disponiéndose de liquidez suficiente para afrontar los pagos obligados, recogidos en el presupuesto.
El municipio dispone de fondos propios que se han invertido en las diferentes necesidades de la población, porque según explicó el concejal de Hacienda, Ricardo León, “somos ambiciosos y proponemos la mayor cantidad posible de inversiones y acciones, según los ingresos de que disponemos”. “No podemos quedarnos quietos y guardar el dinero, sin usarlo en las demandas/necesidades ciudadanas”, señaló.
El alcalde, Tomás Pérez, por su parte explicó que “tenemos una situación económica buena, no tenemos deudas con proveedores, Seguridad Social o Hacienda. Es una pena, que teniendo superávit económico, no podamos invertir en los ciudadanos”, por una interpretación no acorde con los tiempos actuales.
Según la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012 de 27 de abril, las administraciones deben impedir que el Gasto Público supere la tasa de crecimiento del PIB (2017 es el 2,1% y en 2018 es el 2,4%), manteniendo el gasto en los márgenes de los ingresos habituales esperados.
Esta interpretación de la actual ley por parte del Ministerio, limita el concepto de autonomía municipal, porque una vez se ha recuperado el ciclo positivo, no deja aplicar ese superávit en políticas necesarias como son las de tipo social, al no ser financieramente sostenibles, penalizando a las administraciones que han cumplido con sus deudas y obligaciones.
Por ello, la FEMP (Federación Española de Municipios) y diversos ayuntamientos en particular, han solicitado cambiar la interpretación de dicha regla del gasto para poder hacer uso de ese superávit que se está generando.